Juan Alberto Cerisola, el principal acusado por las presuntas irregularidades en obras llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán con fondos provenientes de utilidades mineras de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), declaró durante más de seis horas y negó y cuestionó las acusaciones.

Cerisola fue rector de la UNT desde 2006 hasta 2014 y está acusado por violación a los deberes de funcionario público y administración fraudulenta de utilidades mineras, valuadas en $353 millones, recibidas entre 2006 y 2009. Comparte el banquillo de acusados junto a Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.

Al comenzar la tercera jornada del debate oral que presiden los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, Cerisola se sentó frente al estrado acompañado de un enorme cuaderno azul y analizó uno por uno los puntos de la causa, definió la investigación como un “disparate jurídico” y consideró que la acusación es “infantil”.

Porcentaje reducido

La Ley Nº 14.771 establecía que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, que debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.

Según la acusación fiscal, Cerisola habría dado por concluida la obra de la ciudad universitaria y por ende habría consentido que YMAD redujera el porcentaje de cuentas que recibía la Universidad de un 40% a un 20%.

Cerisola explicó que el 27 de diciembre de 2007 se realizó una reunión del Consejo Directivo y la empresa YMAD, donde estuvieron presentes los vocales de Catamarca y los de la UNT, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, y que fueron estos últimos quienes aceptaron la disminución del porcentaje. “Los vocales actúan con independencia; si bien la Universidad los nombra, en ningún momento la ley dice que ellos tengan que seguir el mandato de la Universidad. En función de su autonomía es que decidieron que había que repartir el 20%”.

A raíz de esto, el imputado cuestionó la pesquisa del fiscal federal Carlos Brito. “Cuando el juez de la causa le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. ¿Entonces a Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito y a mí sí? No entiendo”, apuntó.

Firman acuerdo por el conflicto entre YMAD y la UNT

Dijo que en 2009 empezó “una feroz interna política dentro de la UNT y que “la oposición terminó desaprobando (el primer informe sobre el uso de los fondos mineros) a pesar de que los decanos que votaron en contra del reglamento unos días antes en un programa de TV, el 3 de marzo de 2010, declararon cosas como las de la ex decana de odontología, que ‘con las obras que se viene realizando se solucionarán las problemas de espacio de nuestra facultad’ ”. Dijo que después de las elecciones de medio tiempo la oposición en el Consejo Superior “se engolosina, hacían bromas antes de votar y más de una vez dijo la señora decana de la época de Odontología: ‘bueno vamos a aplicarle la crónica de una muerte anunciada’ ”. También englobó en la fuerte oposición a la ex decana de Derecho, Adela Seguí y al ex consejero por egresados, Ricardo Cisneros.

Cerisola realizó un repaso de las tareas de Descole y del ex rector Eugenio Flavio Virla. Dijo que en los años 60 ya se había desechado la idea de construir la ciudad universitaria en San Javier. “En 1973 Descole fue el precursor de que se creara un área protegida donde sería la ciudad universitaria. Gracias a él se creó el Parque Sierra San Javier, que hoy está protegida y es el pulmón de Yerba Buena. Esa es la ciudad universitaria de la que habla la ley”, señaló. Además, dijo, “no existían los planos aprobados de que habla la Ley 14.771”.

“Lo que puedo decir con mucho orgullo es que con esos $260 millones que nos entregó la empresa reconstruimos la ‘Ciudad Universitaria para el Siglo XXI’ en San Miguel de Tucumán. Se hicieron más de 100.000 metros cuadrados en dos años”. Describió que San Miguel de Tucumán, que alberga cuatro universidades, “es una ciudad universitaria”.

El ex rector contó que cuando asumió en 2006, la UNT se encontraba bajo una emergencia edilicia por lo que creó la Secretaría de Planeamiento para poder establecer un plan de obras. “La universidad necesitaba que se concretaran muchas obras. Fuimos haciendo un listado abierto, mientras tanto se bosquejaban y dibujaban los planos de las obras futuras”, dijo.

Una vez que las obras estuvieron diseñadas fueron presentadas y aprobadas por el Consejo Superior. “Los decanos exigían y exigían que hagamos las obras”, planteó.

Respecto de la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal de haber autorizado el pago de sobreprecios en las construcciones realizadas, afirmó que no era verdad. “Las 12 obras siguieron el sistema de licitación privada. Yo no autoricé ni precio ni sobreprecio de las obras”. Explicó que el régimen creado, que se apartaba de la ley nacional de obras públicas 13.064, se diferenciaba de esta en el alcance de los topes máximos en las licitaciones y que se hizo considerando que los fondos provenientes de YMAD eran privados y por ello no se regían por la norma federal, aunque se volvían públicos al ingresar a la UNT. Dijo que esto fue consentido en un dictamen del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

Plazo fijo

Otra de las acusaciones que recibió Cerisola fue por haber llevado a cabo colocaciones financieras de los fondos provenientes de YMAD y de haberle generado un perjuicio económico a la UNT por intereses producidos que no fueron ingresados al patrimonio universitario. “Es una acusación absolutamente falsa porque hasta el último interés derivado de las colocaciones financieras ingresó a las arcas de la universidad”, sostuvo. Dijo que entre 2006 y 2009 recibieron 14 cheques por un total de $356 millones, pero aclaró que al comienzo fue de manera sorpresiva. Además indicó que YMAD no les enviaba el dinero de forma ordenada y sistemática, por lo que las autoridades no sabían qué mes recibirían el dinero.

“A ese dinero había que mantenerlo, que conservarlo hasta que comenzáramos las obras, por eso hicimos plazos fijos. Hubo un comité formado por las autoridades de la Casa y sus secretarías y autoridades administrativas correspondientes. Se consultó asesores externos y se decidió que la mejor inversión era realizar los plazos fijos, sobre todo sabiendo que la situación económica del país varía permanentemente”, argumentó.

Además dijo que tras un informe realizado por los contadores, “se demostró que habiendo colocado el dinero en plazo fijo en esa época se obtuvo una ganancia de $10 millones más que si hubiésemos comprado dólares”.

Preguntado por la querella sobre los integrantes de la comisión de contrataciones, dijo que estaba compuesta, entre otros, por un asesor llamado Parada Parejas y por un empleado de apellido Malla. –“¿Malla es su yerno?”, se le preguntó. –“Era mi yerno. Empleado de la más baja categoría en la Universidad”, respondió.

Ante una pregunta de su defensora sobre la Comisión investigadora del Consejo Superior para investigar el caso YMAD, dijo que jamás lo citaron para dar explicaciones. Y ante la pregunta de la querella sobre por qué se disolvió esa comisión a dos meses de iniciado su segundo mandato, contestó que porque “la citamos dos veces; no fueron nunca. ¿Cómo iba a ir a comparecer para investigar algo con semejante paliza que recibieron?”. Se refería a su triunfo en la reelección.

También su defensora le preguntó por su patrimonio. “Tengo un departamento en calle Salta 669. Tengo un auto Peugeot y un terreno que compré antes de ser rector. Todo está embargado por este juicio por una suma varias veces millonaria”. Y en cuanto a su jubilación, dijo que siendo docente “se me intentó hacer juicio académico” y por ello “preferí mandarme a mudar” y se jubiló como investigador categorizado.

Al finalizar su exposición, le agradeció al tribunal por brindarle el tiempo y el espacio para aclarar su situación, luego de “ser acusado por la justicia tucumana durante 14 años”.

El juicio continuará el miércoles 26.